por Sofìa Tiscornia
En los primeros años de la democracia comenzaron a llegar al CELS familiares que denunciaban que sus hijos habían sido ejecutados por la policía en supuestos enfrentamientos que en realidad no habían existido, muchas veces luego de reiteradas detenciones y abusos. Esos casos aparecían en la prensa como episodios de “delincuencia común” sin cuestionamiento alguno, lo que abrió un intenso debate al interior de nuestra organización: nos habíamos organizado para denunciar los crímenes de la dictadura, ¿debíamos ahora investigar también las violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia? Impulsados por Alicia Oliveira y Emilio Mignone, el CELS decidió crear un programa específico de análisis, litigio e investigación, al que se sumó un pequeño equipo de antropólogas. Comenzamos la tarea de sistematizar casos, entrevistar familiares, funcionarios y periodistas, y construir categorías que permitieran identificar patrones y responsabilidades.
La investigación llevó a formular una pregunta central: ¿cómo estaban organizadas las policías –en especial la Policía Federal– y qué papel cumplían los tribunales y la opinión pública para que esos hechos fueran aceptados con naturalidad? Más que una simple “herencia de la dictadura”, buscamos comprender las rutinas burocráticas que sostenían esas prácticas. Por eso se incorporó al relevamiento de noticias una base de datos sobre detenciones por Edictos Contravencionales, que revelaban el funcionamiento cotidiano e invisibilizado del control policial. Con el apoyo de curas villeros, organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina y algunos jueces, y tras un amparo judicial para acceder a información oficial, fuimos dimensionando la magnitud del problema.
Hechos como la Masacre de Ingeniero Budge en 1987 y la muerte de Walter Bulacio en 1991 confirmaron que no se trataba de casos aislados sino de crímenes posibilitados por reglamentos policiales, prácticas rutinarias y tolerancia judicial. La base de datos de violencia policial que construimos desde los 80 y consolidamos en 1996 permitió demostrar la recurrencia de estas violencias y comenzó a difundirse públicamente junto con las historias de las víctimas. Desde sus primeros días, este trabajo contribuyó a resignificar los derechos humanos como una gramática política legítima y una herramienta para construir formas de convivencia no violentas ni autoritarias. En síntesis, un horizonte de más democracia.
