Rafael Nahuel
El 25 de noviembre de 2017 en la ciudad bonaerense de 25 de mayo fue el velatorio de Santiago Maldonado, el joven encontrado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras un operativo represivo de Gendarmería contra mapuches, en la provincia de Chubut. Ese mismo día un integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu era asesinado en Río Negro, como consecuencia de un disparo por la espalda realizado por un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Rafael Nahuel tenía 22 años. No era militante en la lucha mapuche aunque la rama paterna de su familia sí. Hacía changas para aportar a la casa. En el Semillero del Colectivo Al Margen aprendía el oficio de carpintería. Las distintas intervenciones de las fuerzas federales que terminaron con su muerte comenzaron el 23 de noviembre cuando efectivos ingresaron a las tierras que habían sido ocupadas dos meses antes por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Con orden del juez federal Gustavo Villanueva, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura detuvieron a varies mapuches, entre elles mujeres y niñes que estuvieron precintades durante varias horas. Algunes pudieron escapar hacia las montañas. En el contexto de estas persecuciones, el 25 de noviembre efectivos del grupo Albatros de la Prefectura dispararon con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado: mataron Rafael Nahuel e hirieron a otras cuatro personas.
Desde un comienzo, el gobierno nacional optó por hacer propia la versión de Prefectura: intentaron instalar que los agentes fueron atacados por un grupo armado. Alimentaron la teoría de un supuesto enfrentamiento. A su vez, la reacción oficial, similar a lo sucedido con Santiago Maldonado, fue anunciar que se abriría un sumario interno sobre los integrantes de Prefectura y no separarían de su puesto a ninguno de los involucrados.
Fausto Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala, y Lautaro Alejandro González fueron quienes bajaron al joven moribundo hasta la base de la montaña. Los dos quedaron inmediatamente detenidos tras auxiliar al chico. Los prefectos quisieron incriminarlos, pero las pericias que les hicieron demostraron que ellos no tenían rastros de pólvora en las manos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) e integrantes de la comunidad Lafken Wuinkuñ Mapu aseguraron, desde un comienzo, que los mapuches no estaban armados, que respondieron con piedras y que los prefectos “los corrieron a tiros”.
Tras el asesinato de Rafael Nahuel se hicieron marchas en Bariloche para exigir justicia. Aunque también hubo movilizaciones en apoyo a la Prefectura. El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación para que explicara e hiciera públicos los motivos por los cuales había involucrado a este grupo Albatros, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social.
El asesinato y su investigación se dieron en el medio de un contexto de estigmatización y persecución del pueblo mapuche. En febrero de 2018 integrantes del Centro Atómico Bariloche tuvieron que salir a desmentir rumores sobre las pericias: el diario Clarín llegó a publicar que habían encontrado restos de pólvora en las manos del chico asesinado.
En enero de 2019 el juez federal, Leónidas Moldes, procesó a cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Moldes los acusó del delito de «homicidio agravado en legítima defensa». Replicó, así, la versión de los prefectos y del gobierno nacional a pesar de que no había indicios de que los mapuches tuvieran armas. También procesó a los muchachos que trasladaron el cuerpo. Los acusó de usurpación y atentado a la autoridad.
Más tarde, la Cámara de Roca procesó a Pintos por “homicidio agravado”. Desde el comienzo de la investigación él fue señalado como el autor material del crimen. La Cámara también le dictó prisión preventiva y otorgó la falta de mérito a los demás prefectos. Sin embargo, Pintos terminó en libertad tras la aparición del peritaje de Gendarmería a su favor.
En febrero de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca determinó la falta de mérito del prefecto para Pintos. Los camaristas argumentaron su decisión al señalar que había «dos pericias absolutamente contradictorias entre sí».
Rafael Nahuel
El 25 de noviembre de 2017 en la ciudad bonaerense de 25 de mayo fue el velatorio de Santiago Maldonado, el joven encontrado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras un operativo represivo de Gendarmería contra mapuches, en la provincia de Chubut. Ese mismo día un integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu era asesinado en Río Negro, como consecuencia de un disparo por la espalda realizado por un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Rafael Nahuel tenía 22 años. No era militante en la lucha mapuche aunque la rama paterna de su familia sí. Hacía changas para aportar a la casa. En el Semillero del Colectivo Al Margen aprendía el oficio de carpintería. Las distintas intervenciones de las fuerzas federales que terminaron con su muerte comenzaron el 23 de noviembre cuando efectivos ingresaron a las tierras que habían sido ocupadas dos meses antes por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Con orden del juez federal Gustavo Villanueva, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura detuvieron a varies mapuches, entre elles mujeres y niñes que estuvieron precintades durante varias horas. Algunes pudieron escapar hacia las montañas. En el contexto de estas persecuciones, el 25 de noviembre efectivos del grupo Albatros de la Prefectura dispararon con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado: mataron Rafael Nahuel e hirieron a otras cuatro personas.
Desde un comienzo, el gobierno nacional optó por hacer propia la versión de Prefectura: intentaron instalar que los agentes fueron atacados por un grupo armado. Alimentaron la teoría de un supuesto enfrentamiento. A su vez, la reacción oficial, similar a lo sucedido con Santiago Maldonado, fue anunciar que se abriría un sumario interno sobre los integrantes de Prefectura y no separarían de su puesto a ninguno de los involucrados.
Fausto Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala, y Lautaro Alejandro González fueron quienes bajaron al joven moribundo hasta la base de la montaña. Los dos quedaron inmediatamente detenidos tras auxiliar al chico. Los prefectos quisieron incriminarlos, pero las pericias que les hicieron demostraron que ellos no tenían rastros de pólvora en las manos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) e integrantes de la comunidad Lafken Wuinkuñ Mapu aseguraron, desde un comienzo, que los mapuches no estaban armados, que respondieron con piedras y que los prefectos “los corrieron a tiros”.
Tras el asesinato de Rafael Nahuel se hicieron marchas en Bariloche para exigir justicia. Aunque también hubo movilizaciones en apoyo a la Prefectura. El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación para que explicara e hiciera públicos los motivos por los cuales había involucrado a este grupo Albatros, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social.
El asesinato y su investigación se dieron en el medio de un contexto de estigmatización y persecución del pueblo mapuche. En febrero de 2018 integrantes del Centro Atómico Bariloche tuvieron que salir a desmentir rumores sobre las pericias: el diario Clarín llegó a publicar que habían encontrado restos de pólvora en las manos del chico asesinado.
En enero de 2019 el juez federal, Leónidas Moldes, procesó a cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Moldes los acusó del delito de «homicidio agravado en legítima defensa». Replicó, así, la versión de los prefectos y del gobierno nacional a pesar de que no había indicios de que los mapuches tuvieran armas. También procesó a los muchachos que trasladaron el cuerpo. Los acusó de usurpación y atentado a la autoridad.
Más tarde, la Cámara de Roca procesó a Pintos por “homicidio agravado”. Desde el comienzo de la investigación él fue señalado como el autor material del crimen. La Cámara también le dictó prisión preventiva y otorgó la falta de mérito a los demás prefectos. Sin embargo, Pintos terminó en libertad tras la aparición del peritaje de Gendarmería a su favor.
En febrero de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca determinó la falta de mérito del prefecto para Pintos. Los camaristas argumentaron su decisión al señalar que había «dos pericias absolutamente contradictorias entre sí».