Javier Kaplun
En la sede de la ex comisaría 31, en el barrio porteño de Belgrano, una placa recuerda que allí hubo una detención arbitraria que terminó con la vida de Ricardo Javier Kaplun, un hombre de 45 años que estaba bajo custodia policial. La familia de Javier tuvo que recurrir a instancias internacionales cuando aquí agotaron todas las posibilidades de que hubiera una investigación de esos hechos. Así, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en 2015 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional; y uno de los puntos del Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y la familia fue la colocación de ese recordatorio en la comisaría.
“Cada punto de la solución amistosa tuvo sus vueltas y tuvimos que estar atentos”, cuenta Moira Kaplun, hermana de Javier. A la placa en la comisaría, que fue colocada en abril de 2019, primero querían ponerla junto a un reconocimiento a los policías caídos y al lado del baño de la dependencia. “¿Cómo iba a estar mi hermano ahí?”, se pregunta.
En la madrugada del 28 de noviembre de 2000, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a Javier y a Alejandro Marcelo Alliano. Los dos amigos habían tenido un altercado con unos vecinos, quienes los persiguieron y golpearon. Junto con el agente Jorge Renato Gaumudi, los vecinos corrieron a los dos amigos hasta la casa de Ricardo. En ese momento, Juan María Kaplun, su hermano, denunció por teléfono los hechos a la comisaría 31 porque escuchó los gritos de auxilio. Allí llegaron tres agentes policiales, Paula Mariana Ronsoni Rossi, Diego Javier García y el subinspector Julio Alberto Soldani. A Javier lo esposaron y detuvieron. Una vez en la comisaría, él le pidió al subinspector que lo llevaran a un hospital porque sentía un dolor intenso en la espalda. Según consta en la causa judicial, a la 1.40 de la madrugada fue al lugar una médica del SAME que más tarde declaró haber atendido a Ricardo. Contó, además, que tenía una herida contuso-cortante, escoriación en la región lumbar izquierda y vómitos, por lo que recomendó la internación. Esa misma madrugada, lo trasladaron al hospital Pirovano, donde lo ingresaron como NN. Ricardo falleció horas después por un paro cardiorrespiratorio. Su paso por la comisaría también había quedado registrado como el de una persona sin identificar, aunque conocían sus datos.
Su familia, desde un primer momento, planteó que la muerte fue producto de los golpes que recibió mientras estaba bajo custodia policial.
Javier tocaba la guitarra, era muy familiero y le gustaba cocinar. Así lo recuerda su hermana. “En estos 20 años hemos aprendido mucho de cómo funciona el Poder Judicial. Pensábamos que si contábamos lo que había pasado iba a avanzar, pero no fue así”, dice Moira. Después de la muerte de su mamá, se convirtió en la principal denunciante en la causa junto a la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (COFAVI). “Ni bien pasó fuimos al CELS, a la CORREPI, hasta que llegamos a la COFAVI. En estos años muchas personas me han ayudado”, cuenta. Y pone el foco en el acompañamiento jurídico pero también emocional. Cada vez que habla de la historia de su hermano Moira llora. Ella describe la causa como un “latrocinio judicial”, un fraude.
Es que el camino de la investigación penal fue un obstáculo detrás de otro para la familia Kaplun: les rechazaban pruebas y pericias, no abrían líneas de investigación que proponían, la instrucción fue incompleta y la propia burocracia judicial impidió que se avanzara, entre subrogaciones e inhibiciones. “Pasaron 32 jueces por la causa de mi hermano. Y nos entrevistamos con todos: jueces y fiscales. El Ministerio Público Fiscal también se portó muy mal”, dice Moira. Todos los esfuerzos siempre dependieron de la familia.
En noviembre de 2007, Viviana Fein, la fiscal a cargo de la causa en ese momento, se apartó voluntariamente después de los cuestionamientos de la familia. En este tiempo, el primero de los policías que intervino había sido sobreseído y la fiscalía no apeló. En 2009, el Juzgado Nacional 14 del fuero Correccional multó a tres agentes y los inhabilitó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En 2010, finalmente Casación los absolvió. Otros tres policías fueron procesados por lesiones culposas. El 14 de agosto de 2013, el Tribunal 28 resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción.
A 20 años de la muerte de Ricardo Javier Kaplun, el Poder Judicial no pudo reconstruir qué pasó aquella madrugada ni determinar responsabilidades. La CIDH admitió el caso en 2012. Sus familiares alegaron que el Estado argentino fue responsable internacionalmente por las lesiones perpetradas, presuntamente por agentes policiales dentro del marco de una detención arbitraria, que le habrían causado la muerte, así como la falta de una investigación efectiva que procure el juzgamiento y la sanción de las personas responsables. Tras cuatro años de reuniones de trabajo, el Estado argentino asumió la responsabilidad por los hechos denunciados: violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. De esta manera se establecieron medidas reparatorias y de no repetición que aún están en ejecución. Estas medidas incluyen la capacitación para les integrantes de las fuerzas federales de seguridad, la realización de auditorías externas y el control disciplinario del personal de seguridad.
Javier Kaplun
En la sede de la ex comisaría 31, en el barrio porteño de Belgrano, una placa recuerda que allí hubo una detención arbitraria que terminó con la vida de Ricardo Javier Kaplun, un hombre de 45 años que estaba bajo custodia policial. La familia de Javier tuvo que recurrir a instancias internacionales cuando aquí agotaron todas las posibilidades de que hubiera una investigación de esos hechos. Así, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en 2015 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional; y uno de los puntos del Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y la familia fue la colocación de ese recordatorio en la comisaría.
“Cada punto de la solución amistosa tuvo sus vueltas y tuvimos que estar atentos”, cuenta Moira Kaplun, hermana de Javier. A la placa en la comisaría, que fue colocada en abril de 2019, primero querían ponerla junto a un reconocimiento a los policías caídos y al lado del baño de la dependencia. “¿Cómo iba a estar mi hermano ahí?”, se pregunta.
En la madrugada del 28 de noviembre de 2000, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a Javier y a Alejandro Marcelo Alliano. Los dos amigos habían tenido un altercado con unos vecinos, quienes los persiguieron y golpearon. Junto con el agente Jorge Renato Gaumudi, los vecinos corrieron a los dos amigos hasta la casa de Ricardo. En ese momento, Juan María Kaplun, su hermano, denunció por teléfono los hechos a la comisaría 31 porque escuchó los gritos de auxilio. Allí llegaron tres agentes policiales, Paula Mariana Ronsoni Rossi, Diego Javier García y el subinspector Julio Alberto Soldani. A Javier lo esposaron y detuvieron. Una vez en la comisaría, él le pidió al subinspector que lo llevaran a un hospital porque sentía un dolor intenso en la espalda. Según consta en la causa judicial, a la 1.40 de la madrugada fue al lugar una médica del SAME que más tarde declaró haber atendido a Ricardo. Contó, además, que tenía una herida contuso-cortante, escoriación en la región lumbar izquierda y vómitos, por lo que recomendó la internación. Esa misma madrugada, lo trasladaron al hospital Pirovano, donde lo ingresaron como NN. Ricardo falleció horas después por un paro cardiorrespiratorio. Su paso por la comisaría también había quedado registrado como el de una persona sin identificar, aunque conocían sus datos.
Su familia, desde un primer momento, planteó que la muerte fue producto de los golpes que recibió mientras estaba bajo custodia policial.
Javier tocaba la guitarra, era muy familiero y le gustaba cocinar. Así lo recuerda su hermana. “En estos 20 años hemos aprendido mucho de cómo funciona el Poder Judicial. Pensábamos que si contábamos lo que había pasado iba a avanzar, pero no fue así”, dice Moira. Después de la muerte de su mamá, se convirtió en la principal denunciante en la causa junto a la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (COFAVI). “Ni bien pasó fuimos al CELS, a la CORREPI, hasta que llegamos a la COFAVI. En estos años muchas personas me han ayudado”, cuenta. Y pone el foco en el acompañamiento jurídico pero también emocional. Cada vez que habla de la historia de su hermano Moira llora. Ella describe la causa como un “latrocinio judicial”, un fraude.
Es que el camino de la investigación penal fue un obstáculo detrás de otro para la familia Kaplun: les rechazaban pruebas y pericias, no abrían líneas de investigación que proponían, la instrucción fue incompleta y la propia burocracia judicial impidió que se avanzara, entre subrogaciones e inhibiciones. “Pasaron 32 jueces por la causa de mi hermano. Y nos entrevistamos con todos: jueces y fiscales. El Ministerio Público Fiscal también se portó muy mal”, dice Moira. Todos los esfuerzos siempre dependieron de la familia.
En noviembre de 2007, Viviana Fein, la fiscal a cargo de la causa en ese momento, se apartó voluntariamente después de los cuestionamientos de la familia. En este tiempo, el primero de los policías que intervino había sido sobreseído y la fiscalía no apeló. En 2009, el Juzgado Nacional 14 del fuero Correccional multó a tres agentes y los inhabilitó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En 2010, finalmente Casación los absolvió. Otros tres policías fueron procesados por lesiones culposas. El 14 de agosto de 2013, el Tribunal 28 resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción.
A 20 años de la muerte de Ricardo Javier Kaplun, el Poder Judicial no pudo reconstruir qué pasó aquella madrugada ni determinar responsabilidades. La CIDH admitió el caso en 2012. Sus familiares alegaron que el Estado argentino fue responsable internacionalmente por las lesiones perpetradas, presuntamente por agentes policiales dentro del marco de una detención arbitraria, que le habrían causado la muerte, así como la falta de una investigación efectiva que procure el juzgamiento y la sanción de las personas responsables. Tras cuatro años de reuniones de trabajo, el Estado argentino asumió la responsabilidad por los hechos denunciados: violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. De esta manera se establecieron medidas reparatorias y de no repetición que aún están en ejecución. Estas medidas incluyen la capacitación para les integrantes de las fuerzas federales de seguridad, la realización de auditorías externas y el control disciplinario del personal de seguridad.