La masacre de San Miguel del Monte
Una de las costumbres de los pibes y las pibas de San Miguel del Monte es dar la vuelta en auto a los 12 kilómetros que rodean a la laguna del pueblo. Aníbal Suárez (22 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Danilo Sansone (13 años), Camila López (13 años) y Rocío Guagliarello (13 años) habían salido el 20 de mayo de 2019 a replicar el ritual. Aníbal manejaba el Fiat Spazio en el que viajaban. Iban escuchando música cuando patrulleros de la policía Bonaerense comenzaron a perseguirlos a los tiros. La única que sobrevivió a la persecución fue Rocío.
Rodrigo se convirtió en testigo de la persecución fatal. El joven de 18 años caminaba por la colectora 9 de julio, a la orilla de la Ruta 3. Escuchó disparos y vio un Fiat 147 color gris claro que se estrellaba contra un camión acoplado estacionado. Rodrigo grabó todo con su celular. Fue uno de los principales registros de la masacre que la Bonaerense y la Municipalidad quisieron ocultar. Y Rodrigo fue uno de los primeros en ir a declarar en sede policial pero los agentes le cambiaron su testimonio: escribieron “estruendos” en lugar de “disparos”.
No fue un accidente, como circuló en un comienzo en los medios que se hicieron eco de la versión policial. Gran parte del pueblo de Monte se movilizó para desarticular la mentira que quisieron contar los agentes: les amigues difundieron en redes sociales lo que había pasado, vecinos y vecinas se ofrecieron como testigos y aportaron pruebas y registros. También hicieron movilizaciones multitudinarias a la comisaría y cortes de ruta: el caso se nacionalizó.
Alexis fue otra pieza clave para desarmar la teoría del “accidente”. El joven trabajaba en el Centro de Monitoreo de Monte. Revisó las cámaras de seguridad de ese día y dio con la imagen de uno de los policías, con medio cuerpo afuera del patrullero, disparando al auto en el que iban les chiques. Hizo una captura y la envió por WhatsApp a una vecina. El video se viralizó y a Alexis lo castigaron con una suspensión.
La Bonaerense venía hostigando a algunos de los chicos que iban en el auto desde antes de la persecución. Aníbal, el conductor, se había comprado el coche hacía dos meses y todavía no tenía todos los papeles en regla. Estaba juntando la plata para hacer la transferencia. Un mes antes lo habían parado en un control. Como no tenía el auto a su nombre lo llevaron a la estación de policía comunal de Monte. Le dijeron que la multa era de 35 mil pesos pero que podía irse si les pagaba 5 mil. Se los pagó al comisario a cambio de su libertad.
En los registros de la estación de policía de Monte quedó asentada la detención de Danilo en marzo de 2019 por “daño”. Estaba en la plaza rapeando cuando se lo llevaron sin ningún motivo junto con dos chicos más. Tenía 13 años y su detención fue ilegal.
La Comisión provincial por la Memoria (CPM) se convirtió en patrocinadora de los familiares de Camila y Danilo. Dos abogades representan a Rocío y a las familias de Gonzalo y Aníbal. El CELS intervino en septiembre de 2019 como querellante institucional, brinda asistencia psicoterapéutica a una de las familias y acompaña a los equipos de atención que ofrecen asistencia individual y grupal a las víctimas. Tras las muertes, el por entonces ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, habló de policías que «han manchado el uniforme y han deshonrado a sus compañeros».
En junio de 2019 el poder judicial platense dictó prisión preventiva para 11 de les 13 policías detenides. Luego, el juez de Garantías Eduardo Luis Silva Pelossi procesó a 10 policías y al secretario de Seguridad local por la responsabilidad en los asesinatos.
Los policías que dispararon -Manuel Monreal, Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez- fueron imputados por el homicidio agravado de les 4 chiques y el intento de asesinato de Rocío.
En septiembre, el fiscal Lisandro Damonte pidió que se abra una investigación paralela por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» contra la intendenta de esa ciudad, Sandra Mayol. La medida había sido pedida por la CPM.
En abril de 2020, el Ministerio Público bonaerense cerró la investigación que tiene como acusados a veinte policías, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte y tres peritos de la subdelegación Cañuelas de la Policía Científica. Las familias y el pueblo de Monte esperan el juicio para saber por qué los Bonaerenses los persiguieron esa noche y dispararon contra un auto en el que iban adolescentes.
La masacre de San Miguel del Monte
Una de las costumbres de los pibes y las pibas de San Miguel del Monte es dar la vuelta en auto a los 12 kilómetros que rodean a la laguna del pueblo. Aníbal Suárez (22 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Danilo Sansone (13 años), Camila López (13 años) y Rocío Guagliarello (13 años) habían salido el 20 de mayo de 2019 a replicar el ritual. Aníbal manejaba el Fiat Spazio en el que viajaban. Iban escuchando música cuando patrulleros de la policía Bonaerense comenzaron a perseguirlos a los tiros. La única que sobrevivió a la persecución fue Rocío.
Rodrigo se convirtió en testigo de la persecución fatal. El joven de 18 años caminaba por la colectora 9 de julio, a la orilla de la Ruta 3. Escuchó disparos y vio un Fiat 147 color gris claro que se estrellaba contra un camión acoplado estacionado. Rodrigo grabó todo con su celular. Fue uno de los principales registros de la masacre que la Bonaerense y la Municipalidad quisieron ocultar. Y Rodrigo fue uno de los primeros en ir a declarar en sede policial pero los agentes le cambiaron su testimonio: escribieron “estruendos” en lugar de “disparos”.
No fue un accidente, como circuló en un comienzo en los medios que se hicieron eco de la versión policial. Gran parte del pueblo de Monte se movilizó para desarticular la mentira que quisieron contar los agentes: les amigues difundieron en redes sociales lo que había pasado, vecinos y vecinas se ofrecieron como testigos y aportaron pruebas y registros. También hicieron movilizaciones multitudinarias a la comisaría y cortes de ruta: el caso se nacionalizó.
Alexis fue otra pieza clave para desarmar la teoría del “accidente”. El joven trabajaba en el Centro de Monitoreo de Monte. Revisó las cámaras de seguridad de ese día y dio con la imagen de uno de los policías, con medio cuerpo afuera del patrullero, disparando al auto en el que iban les chiques. Hizo una captura y la envió por WhatsApp a una vecina. El video se viralizó y a Alexis lo castigaron con una suspensión.
La Bonaerense venía hostigando a algunos de los chicos que iban en el auto desde antes de la persecución. Aníbal, el conductor, se había comprado el coche hacía dos meses y todavía no tenía todos los papeles en regla. Estaba juntando la plata para hacer la transferencia. Un mes antes lo habían parado en un control. Como no tenía el auto a su nombre lo llevaron a la estación de policía comunal de Monte. Le dijeron que la multa era de 35 mil pesos pero que podía irse si les pagaba 5 mil. Se los pagó al comisario a cambio de su libertad.
En los registros de la estación de policía de Monte quedó asentada la detención de Danilo en marzo de 2019 por “daño”. Estaba en la plaza rapeando cuando se lo llevaron sin ningún motivo junto con dos chicos más. Tenía 13 años y su detención fue ilegal.
La Comisión provincial por la Memoria (CPM) se convirtió en patrocinadora de los familiares de Camila y Danilo. Dos abogades representan a Rocío y a las familias de Gonzalo y Aníbal. El CELS intervino en septiembre de 2019 como querellante institucional, brinda asistencia psicoterapéutica a una de las familias y acompaña a los equipos de atención que ofrecen asistencia individual y grupal a las víctimas. Tras las muertes, el por entonces ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, habló de policías que «han manchado el uniforme y han deshonrado a sus compañeros».
En junio de 2019 el poder judicial platense dictó prisión preventiva para 11 de les 13 policías detenides. Luego, el juez de Garantías Eduardo Luis Silva Pelossi procesó a 10 policías y al secretario de Seguridad local por la responsabilidad en los asesinatos.
Los policías que dispararon -Manuel Monreal, Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez- fueron imputados por el homicidio agravado de les 4 chiques y el intento de asesinato de Rocío.
En septiembre, el fiscal Lisandro Damonte pidió que se abra una investigación paralela por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» contra la intendenta de esa ciudad, Sandra Mayol. La medida había sido pedida por la CPM.
En abril de 2020, el Ministerio Público bonaerense cerró la investigación que tiene como acusados a veinte policías, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte y tres peritos de la subdelegación Cañuelas de la Policía Científica. Las familias y el pueblo de Monte esperan el juicio para saber por qué los Bonaerenses los persiguieron esa noche y dispararon contra un auto en el que iban adolescentes.