En 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina, según el informe anual que desde 2015 hace la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La necesidad de tener estadísticas sobre este tipo de asesinatos fue uno de los reclamos de la primera manifestación Ni Una Menos y el máximo tribunal respondió con el relevamiento.
La historia que abrió esta escalofriante lista anual de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans asesinadas en 2019 ocurrió en Santiago del Estero, en el barrio Borges, en la capital provincial. En esta provincia se registraron 6 causas judiciales en las cuales se investigaban los femicidios de 6 víctimas directas y de una víctima de femicidio vinculado, de acuerdo a la OM.
Los destellos de los festejos por el Año Nuevo todavía no se habían extinguido cuando un policía santiagueño mató a balazos a su pareja en la casa que compartían y después se suicidó de un disparo en la cabeza. Todo sucedió con el arma reglamentaria proporcionada por el Estado y en el living del hogar.
Él se llamaba Héctor Montenegro y tenía 24 años. Celeste Castillo tenía 25. «Entré a la casa. Ella estaba en la puerta de la pieza. Arriba, él aún vivo», le dijo un testigo al diario santiagueño El Liberal. Les vecines quisieron ayudar pero el policía murió una hora más tarde en el Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital santiagueña.
El suicidio de quienes asesina a su pareja se repite en otras historias. El informe de la Corte llama “sujetos activos” a los perpetradores de los asesinatos relevados. Del total de los 266 sujetos activos, se informó que 60 de ellos se suicidaron luego de matar durante 2019. Esta cifra representa el 23% del total de los sujetos activos de femicidio directo.
La medianoche del 31 de diciembre, según registran las crónicas periodísticas, el agente había trabajado en la Comisaría Novena. «Él estaba prestando servicio, es un uniformado, porta arma. No sé por qué no cumplió su horario de servicio. ¿Quién es el jefe a cargo de él porque esto es una injusticia realmente? Él tiene que cumplir su horario de servicio porque informaron que él entró a laburar anoche a las 12 y tenía que salir a las 7 de la mañana, que no salió. Se vino borracho. Tuvieron discusiones los dos. Eran muy celosos los dos y terminó así esta situación. A lo que vamos, ¿Cómo un personal policial que porta un arma va a andar borracho y va a salir de su trabajo?», dijo Mónica Barrionuevo, amiga y vecina de Celeste a un canal de televisión local.
La pregunta genuina de la vecina es clave para pensar este tipo de femicidios. Analizando con mayor detalle el informe anual de la Corte Suprema del 2019, de las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos, al menos 16 eran de tenencia legal, ya que 12 eran armas reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, como la que tenía Héctor Montenegro. De acuerdo al reporte de la OM, sólo 4 pertenecían a sujetos activos con autorización legal.
En 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina, según el informe anual que desde 2015 hace la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La necesidad de tener estadísticas sobre este tipo de asesinatos fue uno de los reclamos de la primera manifestación Ni Una Menos y el máximo tribunal respondió con el relevamiento.
La historia que abrió esta escalofriante lista anual de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans asesinadas en 2019 ocurrió en Santiago del Estero, en el barrio Borges, en la capital provincial. En esta provincia se registraron 6 causas judiciales en las cuales se investigaban los femicidios de 6 víctimas directas y de una víctima de femicidio vinculado, de acuerdo a la OM.
Los destellos de los festejos por el Año Nuevo todavía no se habían extinguido cuando un policía santiagueño mató a balazos a su pareja en la casa que compartían y después se suicidó de un disparo en la cabeza. Todo sucedió con el arma reglamentaria proporcionada por el Estado y en el living del hogar.
Él se llamaba Héctor Montenegro y tenía 24 años. Celeste Castillo tenía 25. «Entré a la casa. Ella estaba en la puerta de la pieza. Arriba, él aún vivo», le dijo un testigo al diario santiagueño El Liberal. Les vecines quisieron ayudar pero el policía murió una hora más tarde en el Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital santiagueña.
El suicidio de quienes asesina a su pareja se repite en otras historias. El informe de la Corte llama “sujetos activos” a los perpetradores de los asesinatos relevados. Del total de los 266 sujetos activos, se informó que 60 de ellos se suicidaron luego de matar durante 2019. Esta cifra representa el 23% del total de los sujetos activos de femicidio directo.
La medianoche del 31 de diciembre, según registran las crónicas periodísticas, el agente había trabajado en la Comisaría Novena. «Él estaba prestando servicio, es un uniformado, porta arma. No sé por qué no cumplió su horario de servicio. ¿Quién es el jefe a cargo de él porque esto es una injusticia realmente? Él tiene que cumplir su horario de servicio porque informaron que él entró a laburar anoche a las 12 y tenía que salir a las 7 de la mañana, que no salió. Se vino borracho. Tuvieron discusiones los dos. Eran muy celosos los dos y terminó así esta situación. A lo que vamos, ¿Cómo un personal policial que porta un arma va a andar borracho y va a salir de su trabajo?», dijo Mónica Barrionuevo, amiga y vecina de Celeste a un canal de televisión local.
La pregunta genuina de la vecina es clave para pensar este tipo de femicidios. Analizando con mayor detalle el informe anual de la Corte Suprema del 2019, de las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos, al menos 16 eran de tenencia legal, ya que 12 eran armas reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, como la que tenía Héctor Montenegro. De acuerdo al reporte de la OM, sólo 4 pertenecían a sujetos activos con autorización legal.