Gisela Dupertuis
“Quisieron tratarlo como un suicidio”. Es lo primero que dice Ana, la sobrina de Gisela Dupertuis, cuando recuerda el femicidio de su tía. A casi dos años del crimen, ella y su familia, oriundes de la provincia del Chaco, todavía esperan que haya justicia por el asesinato de la joven policía bonaerense que trabajaba en el comando de patrullas de Ezeiza. Aunque la expareja de la mujer está detenido, el proceso judicial no avanza con la celeridad que esperan. Desde un comienzo se encontraron con trabas para conocer la verdad, por lo que recurrieron a medios locales, chaqueños y nacionales para poder desarmar, así, la trama de encubrimiento que intentaba exculpar al policía que la mató.
El 26 de diciembre de 2018 encontraron a Gisela, de 32 años, sobre su cama con un tiro en la cabeza. Fue en la casa que compartía desde hacía poco más de un año con su pareja, Jonathan Giuliano, en pleno centro del municipio de Ezeiza. El hombre, agente municipal, contó su propia versión de los hechos: dijo que Gisela entró en crisis tras una discusión y se disparó a sí misma. Esta ficción se repite en otras historias de femicidio que intentan ser narradas como suicidios por parte de los propios varones que gatillan, prenden fuego o golpean hasta matar a las mujeres con las que conviven.
Cuando la familia de Gisela llegó a la casa, les repitieron la mentira: que se había suicidado. Y el Poder Judicial rápidamente, sin dudar, caratuló la investigación como «averiguación de muerte».
“Esa noche fue todo un caos porque había un montón de funcionarios, más que nada jefes que estuvieron antes que supiéramos que ella estaba muerta”, recuerda Ana.
Desde un primer momento, sus familiares dudaron de esa versión oficial: en la habitación había más de un disparo porque encontraron 5 vainas servidas en el suelo y las huellas de una pelea. De a poco pudieron reconstruir la historia de maltratos y la trama de violencia machista de la cual Gisela era víctima. Por la presión de la familia, que visibilizó el caso a través de los medios de comunicación, y el abogado que tomó la causa ampliaron la pericia balística inicial y confirmaron que lo que había pasado en el lugar había sido un crimen y no un suicidio. La causa cambió a «homicidio agravado por vínculo» e intervino la UFI N°2 de Ezeiza, que pidió que se investigara al principal acusado. Recién el 14 de febrero del 2019 ordenaron la detención del hombre que estuvo prófugo durante un día.
“Logramos que sea nombrada como lo que fue: un femicidio”, dice Ana. La última vez que su familia la vio con vida fue en el almuerzo de navidad. No tienen dudas que la policía bonaerense ayudó a Jonathan Giuliano a encubrir el crimen que había cometido. Por eso quieren que se investigue la violencia institucional en la causa.
De acuerdo al Informe de Femicidios de la Justicia Argentina que elabora todos los años la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018 hubo 278 víctimas letales de violencia de género. Entre estos crímenes contabilizaron uno en manos de un policía local, se trata del femicidio de Gisela.
Según los registros del CELS, casi todas las mujeres policías asesinadas en femicidios sufrieron impactos con un arma de fuego, en varios casos con el arma reglamentaria provista por una institución de seguridad, como el arma con la que Giuliano, según la investigación, le disparó a Gisela.
Gisela Dupertuis
“Quisieron tratarlo como un suicidio”. Es lo primero que dice Ana, la sobrina de Gisela Dupertuis, cuando recuerda el femicidio de su tía. A casi dos años del crimen, ella y su familia, oriundes de la provincia del Chaco, todavía esperan que haya justicia por el asesinato de la joven policía bonaerense que trabajaba en el comando de patrullas de Ezeiza. Aunque la expareja de la mujer está detenido, el proceso judicial no avanza con la celeridad que esperan. Desde un comienzo se encontraron con trabas para conocer la verdad, por lo que recurrieron a medios locales, chaqueños y nacionales para poder desarmar, así, la trama de encubrimiento que intentaba exculpar al policía que la mató.
El 26 de diciembre de 2018 encontraron a Gisela, de 32 años, sobre su cama con un tiro en la cabeza. Fue en la casa que compartía desde hacía poco más de un año con su pareja, Jonathan Giuliano, en pleno centro del municipio de Ezeiza. El hombre, agente municipal, contó su propia versión de los hechos: dijo que Gisela entró en crisis tras una discusión y se disparó a sí misma. Esta ficción se repite en otras historias de femicidio que intentan ser narradas como suicidios por parte de los propios varones que gatillan, prenden fuego o golpean hasta matar a las mujeres con las que conviven.
Cuando la familia de Gisela llegó a la casa, les repitieron la mentira: que se había suicidado. Y el Poder Judicial rápidamente, sin dudar, caratuló la investigación como «averiguación de muerte».
“Esa noche fue todo un caos porque había un montón de funcionarios, más que nada jefes que estuvieron antes que supiéramos que ella estaba muerta”, recuerda Ana.
Desde un primer momento, sus familiares dudaron de esa versión oficial: en la habitación había más de un disparo porque encontraron 5 vainas servidas en el suelo y las huellas de una pelea. De a poco pudieron reconstruir la historia de maltratos y la trama de violencia machista de la cual Gisela era víctima. Por la presión de la familia, que visibilizó el caso a través de los medios de comunicación, y el abogado que tomó la causa ampliaron la pericia balística inicial y confirmaron que lo que había pasado en el lugar había sido un crimen y no un suicidio. La causa cambió a «homicidio agravado por vínculo» e intervino la UFI N°2 de Ezeiza, que pidió que se investigara al principal acusado. Recién el 14 de febrero del 2019 ordenaron la detención del hombre que estuvo prófugo durante un día.
“Logramos que sea nombrada como lo que fue: un femicidio”, dice Ana. La última vez que su familia la vio con vida fue en el almuerzo de navidad. No tienen dudas que la policía bonaerense ayudó a Jonathan Giuliano a encubrir el crimen que había cometido. Por eso quieren que se investigue la violencia institucional en la causa.
De acuerdo al Informe de Femicidios de la Justicia Argentina que elabora todos los años la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018 hubo 278 víctimas letales de violencia de género. Entre estos crímenes contabilizaron uno en manos de un policía local, se trata del femicidio de Gisela.
Según los registros del CELS, casi todas las mujeres policías asesinadas en femicidios sufrieron impactos con un arma de fuego, en varios casos con el arma reglamentaria provista por una institución de seguridad, como el arma con la que Giuliano, según la investigación, le disparó a Gisela.