Luis Espinoza
Luis Armando Espinoza se convirtió en un desaparecido el 15 de mayo de 2020. Era un trabajador rural de 32 años, criado en Rodeo Grande, un pequeño pueblo de 650 habitantes del sudeste tucumano. Ante su ausencia, la familia exigió que las autoridades lo buscaran y, gracias al acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y la atención periodística, lograron que la búsqueda tuviera repercusión nacional. Su historia se convirtió en un caso emblemático de la violencia institucional en tiempos de cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El operativo que terminó con el asesinato y la desaparición de Luis Espinoza comenzó como un procedimiento policial en el marco del cumplimiento de las medidas que impuso la pandemia global por el coronavirus. Aquella mañana del viernes 15 de mayo el subcomisario Rubén Héctor Montenegro, a cargo de la dependencia policial de Monteagudo, buscaba impedir una carrera cuadrera, como les llaman a las competiciones de caballos en la zona de El Melcho. Juntó a los agentes que estaban de guardia y mandó a llamar a otros tres. También convocó al operativo al empleado de seguridad de la comuna. Los nueve policías y el agente comunal salieron en tres autos particulares sin uniforme ni identificación. El patrullero quedó estacionado en la comisaría. El grupo de policías llegó al lugar a los tiros. Al escuchar los disparos, unos jinetes que se habían acercado para las carreras se dispersaron.
A esa misma hora, los hermanos Luis Armando y Juan Antonio Espinoza cabalgaban por un camino vecinal cercano hacia Rodeo Grande. Cuando oyeron los tiros intentaron acelerar el paso y se metieron en una tranquera. Luis iba un poco más adelante que Juan. Los policías de la moto los vieron y avisaron a sus compañeros para que se acercaran. Hubo más disparos policiales con distintas armas de fuego. La yegua que montaba Juan Antonio Espinoza se asustó y salió al galope. Juan Antonio quedó en el suelo desmayado. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar José Alberto Morales le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba.
Después de una semana de búsqueda, a Luis Espinoza lo encontraron en la provincia de Catamarca atravesado por un tiro en la espalda que salió de un arma reglamentaria de la policía tucumana. Los investigadores llegaron hasta allí por la confesión de uno de los policías que había participado del operativo.
El pacto de silencio entre los agentes para mantener oculta la verdad sobre el asesinato de Luis se rompió cuando uno de ellos se quebró ante la fiscal que investigaba su desaparición. Habían cargado el cadáver en uno de los autos y, una vez en la provincia vecina, lo habían arrojado desde un precipicio. La autopsia que se hizo en la Morgue de San Miguel de Tucumán indicó que hubo un disparo de arma de fuego de una 9 milímetros que perforó el pulmón y lesionó la zona intercostal. Nueve policías y un empleado comunal están detenidos por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad de Luis Espinoza.
La familia de Luis, junto con los organismos de derechos humanos locales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS y Abogadas y Abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), realizaron manifestaciones para visibilizar la historia y cercar la impunidad. La APDH, a su vez, presentó ante el titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ignacio Rocangliolo, la historia del peón rural. Esposo de María Soledad Ruiz, padre de seis hijos, hermano de siete varones y siete mujeres, hijo de doña Gladys y don Filomeno. Luis era el sostén económico de una familia numerosa. A los pedidos de justicia se sumó el reclamo de reparación por parte del Estado para que el crimen no profundice la situación de pobreza de su familia.
En marzo de 2023, un tribunal condenó a perpetua al oficial José Morales, al subcomisario Héctor Montenegro, al agente Gerardo Rojas y al cabo Claudio Zelaya por el homicidio agravado de Luis y la privación ilegal de la libertad de Juan Antonio. Por los mismos delitos, pero en carácter de partícipe secundaria fue condenada a 12 años de prisión la cabo Rosalba González. El sargento Víctor Salinas recibió 7 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y el encubrimiento agravado. El agente Carlos Romano, el cabo José María Paz y el sargento René Ardiles fueron condenados a 5 años solo por el encubrimiento. Mientras que Héctor Villavicencio y Álvaro Gonzalo González fueron absueltos.
Luis Espinoza
Luis Armando Espinoza se convirtió en un desaparecido el 15 de mayo de 2020. Era un trabajador rural de 32 años, criado en Rodeo Grande, un pequeño pueblo de 650 habitantes del sudeste tucumano. Ante su ausencia, la familia exigió que las autoridades lo buscaran y, gracias al acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y la atención periodística, lograron que la búsqueda tuviera repercusión nacional. Su historia se convirtió en un caso emblemático de la violencia institucional en tiempos de cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El operativo que terminó con el asesinato y la desaparición de Luis Espinoza comenzó como un procedimiento policial en el marco del cumplimiento de las medidas que impuso la pandemia global por el coronavirus. Aquella mañana del viernes 15 de mayo el subcomisario Rubén Héctor Montenegro, a cargo de la dependencia policial de Monteagudo, buscaba impedir una carrera cuadrera, como les llaman a las competiciones de caballos en la zona de El Melcho. Juntó a los agentes que estaban de guardia y mandó a llamar a otros tres. También convocó al operativo al empleado de seguridad de la comuna. Los nueve policías y el agente comunal salieron en tres autos particulares sin uniforme ni identificación. El patrullero quedó estacionado en la comisaría. El grupo de policías llegó al lugar a los tiros. Al escuchar los disparos, unos jinetes que se habían acercado para las carreras se dispersaron.
A esa misma hora, los hermanos Luis Armando y Juan Antonio Espinoza cabalgaban por un camino vecinal cercano hacia Rodeo Grande. Cuando oyeron los tiros intentaron acelerar el paso y se metieron en una tranquera. Luis iba un poco más adelante que Juan. Los policías de la moto los vieron y avisaron a sus compañeros para que se acercaran. Hubo más disparos policiales con distintas armas de fuego. La yegua que montaba Juan Antonio Espinoza se asustó y salió al galope. Juan Antonio quedó en el suelo desmayado. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar José Alberto Morales le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba.
Después de una semana de búsqueda, a Luis Espinoza lo encontraron en la provincia de Catamarca atravesado por un tiro en la espalda que salió de un arma reglamentaria de la policía tucumana. Los investigadores llegaron hasta allí por la confesión de uno de los policías que había participado del operativo.
El pacto de silencio entre los agentes para mantener oculta la verdad sobre el asesinato de Luis se rompió cuando uno de ellos se quebró ante la fiscal que investigaba su desaparición. Habían cargado el cadáver en uno de los autos y, una vez en la provincia vecina, lo habían arrojado desde un precipicio. La autopsia que se hizo en la Morgue de San Miguel de Tucumán indicó que hubo un disparo de arma de fuego de una 9 milímetros que perforó el pulmón y lesionó la zona intercostal. Nueve policías y un empleado comunal están detenidos por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad de Luis Espinoza.
La familia de Luis, junto con los organismos de derechos humanos locales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS y Abogadas y Abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), realizaron manifestaciones para visibilizar la historia y cercar la impunidad. La APDH, a su vez, presentó ante el titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ignacio Rocangliolo, la historia del peón rural. Esposo de María Soledad Ruiz, padre de seis hijos, hermano de siete varones y siete mujeres, hijo de doña Gladys y don Filomeno. Luis era el sostén económico de una familia numerosa. A los pedidos de justicia se sumó el reclamo de reparación por parte del Estado para que el crimen no profundice la situación de pobreza de su familia.
En marzo de 2023, un tribunal condenó a perpetua al oficial José Morales, al subcomisario Héctor Montenegro, al agente Gerardo Rojas y al cabo Claudio Zelaya por el homicidio agravado de Luis y la privación ilegal de la libertad de Juan Antonio. Por los mismos delitos, pero en carácter de partícipe secundaria fue condenada a 12 años de prisión la cabo Rosalba González. El sargento Víctor Salinas recibió 7 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y el encubrimiento agravado. El agente Carlos Romano, el cabo José María Paz y el sargento René Ardiles fueron condenados a 5 años solo por el encubrimiento. Mientras que Héctor Villavicencio y Álvaro Gonzalo González fueron absueltos.